El traslado de los imputados del caso Odebrecht hacia la cárcel de Najayo estuvo marcado por un amplio operativo militar y cuestionamientos sobre posibles privilegios. Tras quince días en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, los acusados llegaron al penal bajo estricta vigilancia del equipo SWAT, en medio de una multitud de curiosos, familiares y simpatizantes. El ambiente contrastó con la preocupación pública sobre el trato diferenciado a internos de alta notoriedad.
Autoridades del nuevo modelo penitenciario explicaron que los acusados deben someterse a las mismas reglas que cualquier privado de libertad: uso obligatorio del uniforme, restricción de celulares y cumplimiento de horarios estrictos. Sin embargo, precedentes como el de los banqueros —quienes gozaron de prerrogativas inéditas dentro de la prisión— alimentan la suspicacia de que estas normas no siempre se aplican equitativamente.
Aunque los reglamentos prohíben mobiliario externo, visitas fuera de horario y alimentos especiales, recientes remodelaciones en Najayo han generado inquietud sobre si se habilitarán áreas con mejores condiciones para los imputados de Odebrecht. Especialistas señalan que la segregación por razones de seguridad es válida, pero insisten en que la sociedad debe permanecer vigilante para evitar que, bajo el combate a la corrupción, se repitan viejas prácticas de privilegio institucional.
