MONSEÑOR NOEL, R.D. – Un tribunal de Monseñor Noel condenó a diez años de prisión a una mujer por graves delitos cometidos contra sus propios hijos.
La acusada fue hallada culpable de explotación sexual contra su hija de 12 años y abuso infantil contra su otro hijo, de nueve años de edad.
La fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes sustentó la acusación demostrando que la madre prostituía a su hija y cometía actos ilícitos en contra del menor. Uno de los detalles más impactantes de la investigación fue que, cuando la mujer no tenía dinero para pagar por sustancias controladas, entregaba a su hija a cambio de las drogas.
Además, en sus declaraciones, la menor expresó que tanto ella como su hermano de nueve años eran las personas que su madre utilizaba para pasar la droga a las personas que requerían sustancias controladas.
La denuncia y acusación formal fue presentada inicialmente por la propia madre de la imputada (abuela de los niños), quien falleció tiempo después.
La mujer deberá cumplir la pena de diez años en la cárcel de Rafey de Santiago. En cuanto a los menores, la niña se encuentra bajo la protección de las autoridades, mientras que el niño está actualmente con su familia paterna.
Penalidad por explotación sexual infantil
En República Dominicana, la explotación sexual de menores de edad es considerada un delito grave y está penada por el Código Penal y la Ley 136-03 de Protección a los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Las conductas incluyen prostitución forzada, pornografía infantil, tráfico sexual y abuso sexual agravado, y son sancionadas con penas de prisión que pueden variar entre 5 y 30 años, dependiendo de la gravedad del hecho y de si existen circunstancias agravantes, como violencia, amenazas o participación de organizaciones.
Además de la prisión, los condenados pueden enfrentar multas económicas y la inhabilitación para ejercer cargos públicos o trabajar con menores, garantizando así la protección de los derechos de las víctimas y la prevención de futuros delitos. La legislación dominicana busca aplicar sanciones estrictas, considerando el impacto profundo que estas acciones tienen en el desarrollo y bienestar de los menores afectados.
