Un cliente de la empresa Claro expresó públicamente su indignación luego de realizar 35 reportes de avería sin recibir respuesta. Tras acudir repetidamente a una sucursal y elevar su denuncia “a todo pulmón”, el usuario aseguró sentirse desamparado por la compañía, señalando que el silencio prolongado configuraba un acto de irrespeto hacia un consumidor que paga por un servicio que no recibe.
Según su testimonio, tampoco obtuvo amparo en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), donde —afirma— no aparecían los registros de sus reportes previos. Esta situación, descrita como un posible “contubernio” entre la empresa y el ente regulador, expone una falla estructural en la protección al usuario y en los mecanismos de supervisión que deberían garantizar la calidad del servicio.
El caso ha reavivado el debate sobre los abusos de poder de grandes compañías de telecomunicaciones en República Dominicana. Para sectores críticos, la comparación que hizo el afectado —“esto parece una empresa del Estado”— refleja la percepción ciudadana sobre instituciones que no funcionan y que no responden. El incidente vuelve a poner sobre la mesa la urgencia de fortalecer la regulación y garantizar derechos básicos a los consumidores.
