SANTO DOMINGO. — La comunicadora Altagracia Salazar afirmó este miércoles que el director del Servicio Nacional de Salud (SENASA) fue advertido sobre irregularidades en la institución, pero no tomó medidas para corregirlas. Según Salazar, las alertas fueron formalizadas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que detectó múltiples deficiencias y riesgos de fraude en la gestión del seguro.
La periodista recordó que el superintendente Miguel Seara Haton lideró la investigación que identificó irregularidades en contratos y sobrefacturaciones millonarias, pero que estas advertencias no fueron atendidas. “Había una investigación porque hoy sabemos que las advertencias fueron formalizadas en medio de la crisis y con mucho dinero de por medio”, dijo Salazar durante su espacio informativo.
El caso SENASA ha generado preocupación por la falta de atención primaria en salud y la contratación de centros privados ante la incapacidad del organismo público. Expertos recomiendan mayor control de contratos, sanciones ejemplares a funcionarios corruptos y fortalecer la auditoría médica, para evitar que situaciones similares se repitan.
Además, Salazar criticó la falta de política de salud preventiva en el país, señalando que la gestión del SENASA se ha enfocado más en contratos privados que en fortalecer los hospitales públicos. “No hay una asignación de recursos de acuerdo al desempeño ni autonomía real de los hospitales, lo que impide garantizar el acceso universal a la salud”, puntualizó.
La comunicadora también cuestionó el papel de la administración actual, indicando que el presidente Luis Abinader podría no haber tenido conocimiento de la magnitud del problema en junio, cuando la oposición denunció la crisis en el seguro. “O el mandatario no sabía o quiso minimizarlo para evitar ruido mediático; lo innegable es que había un déficit creciente y advertencias que no se atendieron”, afirmó.
Finalmente, Salazar destacó que la supervisión y sanción efectiva son claves para rescatar el sistema. Reiteró que las recomendaciones de los expertos incluyen reforzar la administración del riesgo de fraude, elevar la categoría de las auditorías médicas y aplicar sanciones ejemplares a los responsables, para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente.
