Santo Domingo.– Fue dada de alta este viernes la menor de 12 años que permaneció más de diez días ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Maternidad San Lorenzo de Los Mina, tras perder un embarazo de 37 semanas.
El personal médico informó que la niña logró estabilizarse luego de presentar complicaciones severas durante el parto y posterior pérdida del bebé, situación que mantuvo en alerta a las autoridades de salud. La paciente continuará bajo seguimiento ambulatorio para garantizar su recuperación física y emocional.
Hasta el momento, no se ha informado si la familia de la menor ha procedido con algún tipo de acción judicial para esclarecer las circunstancias del embarazo ni las posibles responsabilidades legales relacionadas con el caso.
La dirección del centro hospitalario destacó que el caso puso a prueba al equipo médico debido a la edad de la paciente y las condiciones en las que llegó a la emergencia. Indicaron que la menor recibió atención multidisciplinaria con especialistas en ginecología, pediatría, psicología y trabajo social.
Organizaciones que defienden los derechos de la niñez han manifestado su preocupación y exigen a las autoridades dar seguimiento a la situación de la menor para garantizar su protección integral y el acceso a justicia. También han pedido que se investigue si existió abuso o negligencia previa al embarazo.
El caso ha generado conmoción en la comunidad de Los Mina y reaviva el debate sobre los embarazos en niñas y adolescentes en el país, un problema de salud pública que sigue afectando a miles de menores cada año, especialmente en sectores vulnerables.
Autoridades locales han señalado que se fortalecerán las campañas de prevención y educación sobre salud sexual y reproductiva dirigidas a niñas, adolescentes y sus familias, con el objetivo de reducir riesgos y proteger los derechos de los menores. También se contempla brindar apoyo psicológico a la menor y a su entorno cercano para enfrentar el trauma del evento.
Mientras tanto, el caso continúa bajo observación de los organismos de protección de la niñez, quienes evaluarán posibles medidas legales y sociales para garantizar que situaciones similares no vuelvan a ocurrir, enfatizando la necesidad de un entorno seguro y protegido para todos los menores en el país.
