El anuncio del gobierno dominicano sorprendió al país el pasado miércoles, cuando el presidente Luis Abinader informó que ciertas áreas restringidas del Aeropuerto Las Américas y de la Base Aérea de San Isidro serían habilitadas para que Estados Unidos brinde apoyo logístico en sus operaciones antidrogas en el Caribe. La decisión ha reavivado el debate sobre la soberanía nacional, en medio de una coyuntura internacional marcada por tensiones entre Washington y Venezuela.
El viaje del Secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth —en medio de esa tensión regional— generó especulaciones sobre la naturaleza del apoyo. Mientras algunos sectores perciben la autorización como una colaboración estratégica, otros la califican de entreguista. El gobierno dominicano defendió su decisión apelando al marco jurídico del Acuerdo de Interdicción Marítima y Aérea (firmado en 1995) y su ampliación a través del Protocolo de Enmienda de 2003, que regulan la coordinación y autorización de operaciones de interdicción. Asimismo, según declaraciones del periodista Julio Martínez Pozo, la administración consultó a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina antes de aprobar la medida — información que no ha sido desmentida por los exmandatarios.
La medida adquiere relevancia en el contexto regional, donde diversos casos judiciales han evidenciado conexiones entre figuras políticas, narcotráfico e infiltración de estructuras criminales en naciones del Caribe. En 2015, en Haití, fueron detenidos Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores de Freitas —sobrinos de la primera dama venezolana— con 800 kilos de cocaína; asimismo, en ese mismo año, fue arrestado Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, en Puerto Príncipe. Estos casos no confirman la existencia del llamado Cártel de los Soles , pero sí revelan vínculos entre el narcotráfico y estructuras políticas en la región del Caribe.
Para muchos en República Dominicana, la autorización otorgada a Estados Unidos no se limita a una operación contra Venezuela, sino que representa el comienzo de una ofensiva amplia contra el narcotráfico en toda la región — incluyendo a Estados fallidos o en crisis como Haití — y responde al éxito de decomisos recientes de drogas en territorio dominicano. Esta lectura sostiene que la colaboración no es solo defensiva, sino parte de un esfuerzo regional conjunto para combatir redes criminales transnacionales.
