Las recientes declaraciones de un exministro sobre prácticas de escucha telefónica y monitoreo digital han reavivado el debate sobre espionaje político en República Dominicana. Aunque estas denuncias no son nuevas, su confirmación pública ha generado preocupación en sectores sociales y jurídicos, especialmente por el señalamiento de presuntas violaciones al derecho a la intimidad.
Diversos informes internacionales ya habían advertido sobre prácticas irregulares de vigilancia entre 2008 y 2016, señalando una normalización de la injerencia estatal en la vida privada. Expertos en seguridad advierten que los centros de escucha operan con tecnología capaz de interceptar comunicaciones sin autorización judicial, lo que contradice directamente la Constitución y la legislación vigente.
Las reacciones ciudadanas no se han hecho esperar. Organizaciones tecnológicas y grupos de derechos humanos exigen transparencia y un cese inmediato de cualquier monitoreo fuera del marco legal. También reclaman que se determinen responsabilidades institucionales ante posibles abusos de poder y se refuercen los mecanismos de protección de datos en el país.
