En medio de un polémico canje entre Estados Unidos y Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro excarceló a Daud Hanid Ortiz, un exmarino estadounidense condenado por asesinar a tres personas en Madrid en 2016. La liberación ha generado indignación, ya que Ortiz no es considerado un preso político, sino un criminal convicto.

Ortiz fue sentenciado a 30 años de prisión en Caracas por un triple homicidio ocurrido cuando intentó matar al abogado Víctor Salas, a quien acusaba de tener una relación con su esposa. Al no encontrarlo en su despacho, Ortiz asesinó a dos asistentes y a un cliente inocente.

El abogado Salas, objetivo del fallido atentado, criticó duramente la liberación y pidió a Estados Unidos que actúe con responsabilidad: “EE.UU. tiene ahora mismo una responsabilidad inminente… no puede dejar libre en su sociedad a un criminal”.

Ante las críticas, el Departamento de Estado respondió a Noticias Telemundo afirmando que aprovecharon la oportunidad para lograr la liberación de varios ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela, algunos de los cuales habían denunciado torturas. No ofrecieron detalles específicos sobre el caso de Ortiz por motivos de privacidad.

La liberación de Ortiz ha encendido un debate sobre los límites éticos de los canjes diplomáticos, especialmente cuando involucran a criminales comunes y no a presos de conciencia. Organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia internacional han cuestionado que un individuo condenado por un crimen tan grave sea incluido en un acuerdo de este tipo, argumentando que esto podría sentar un peligroso precedente y debilitar los estándares de justicia.

Mientras tanto, el paradero actual de Ortiz se mantiene en reserva, alimentando la incertidumbre sobre si enfrentará alguna medida en territorio estadounidense. La opinión pública en España también ha reaccionado con desconcierto e indignación, al considerar que se ha hecho justicia a medias para las víctimas del crimen ocurrido en Madrid. La presión aumenta para que las autoridades estadounidenses den una respuesta clara sobre el futuro legal del exmarino.