Una controversia legal estalló en la República Dominicana tras la emisión de un acto de alguacil contra la empresa Alofoke Music y su propietario Santiago Matías García. La notificación concede un plazo de 24 horas para retirar contenidos que, según la denunciante, fueron publicados sin su consentimiento, utilizando su nombre e imagen de manera difamatoria y manipulando informaciones en violación de las leyes sobre difamación e injuria. El documento exige además una disculpa pública y advierte sobre acciones judiciales, incluyendo indemnización por daños, perjuicios y pérdida de oportunidades laborales, en caso de incumplimiento.
El conflicto escaló cuando la denunciante afirmó sentirse amenazada tras un supuesto ataque a su vivienda, hecho que atribuyó inicialmente al entorno del comunicador. En un mensaje posterior, aclaró que no responsabilizaba directamente a Matías, sino a un seguidor que actuó por cuenta propia. Aun así, sostuvo que, de ocurrirle cualquier daño, responsabilizaría al empresario. El episodio fue ampliamente difundido en redes sociales, generando reacciones encontradas y el pronunciamiento de abogados que ofrecieron respaldo legal. Desde el entorno de Matías se indicó que se trata de un malentendido y que no existe intención de difamar, subrayando que se respetan las leyes y que, de recibir una citación formal, se acudirá sin objeciones.
El origen de la disputa se vincula a declaraciones de Alianny, quien afirmó que Santiago Matías buscaba protagonismo mediático con la llamada “boda del pueblo”, un evento viral que había unido a la opinión pública. Esa afirmación detonó la respuesta legal y una ola de ataques en plataformas digitales. El caso reabre el debate sobre los límites de la libertad de expresión en redes, la responsabilidad de los medios digitales y la protección de la imagen personal. Mientras se esperan definiciones legales, la polémica mantiene la atención pública y evidencia la tensión entre viralidad, reputación y derecho.
