Durante el programa televisivo Esta Noche Mariasela, el abogado Alberto Fiallo analizó la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en República Dominicana y explicó cuáles son los derechos laborales que protegen a las trabajadoras. Según expuso, la realidad del mercado laboral revela una marcada brecha de participación y remuneración. Aunque las mujeres representan ligeramente más de la mitad de la población, su presencia en el empleo formal sigue siendo menor en comparación con los hombres. Esta situación evidencia una problemática estructural que afecta el acceso a oportunidades laborales y condiciones equitativas dentro del mercado de trabajo.
Datos presentados durante el segmento indican que, aunque las mujeres constituyen aproximadamente el 50% de la población dominicana, solo el 36% de las personas ocupadas son mujeres. Además, casi la mitad de ellas trabaja en el sector informal, lo que implica ausencia de seguridad social y menor estabilidad laboral. Incluso cuando ocupan el mismo puesto que un hombre y realizan las mismas funciones, pueden recibir hasta un 35% menos de salario. Esta diferencia supera el promedio de la brecha salarial en América Latina, que ronda el 17.5%. La situación resulta especialmente preocupante considerando que actualmente hay más mujeres que hombres cursando y finalizando estudios universitarios.
Fiallo recordó que la legislación dominicana establece la igualdad salarial como un derecho. El artículo 39 de la Constitución garantiza la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos, mientras que el Código de Trabajo también establece el principio de remuneración igualitaria por trabajo de igual valor. Además, convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo vigentes desde 1951 respaldan este principio. Sin embargo, la aplicación de estas normas no siempre se cumple. En caso de comprobar discriminación salarial, una trabajadora puede documentar la situación, dialogar con su empleador y, si no obtiene respuesta, ejercer el derecho de dimitir, lo que obliga al empleador a pagar sus prestaciones laborales.
