La reciente confusión mediática en torno al nombre de José Manuel López-Grecio, identificado erróneamente por algunos medios como implicado en un asalto, ha vuelto a encender el debate sobre la fragilidad del sistema de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Lo ocurrido en una sucursal bancaria a plena luz del día, en una zona concurrida y próxima a una empresa de seguridad, evidencia una verdad contundente: en el país, la sensación de inseguridad no respeta ni el reloj, ni la geografía.
Ante este clima, desde el Congreso Nacional se han retomado discusiones urgentes. El vocero del PLD en la Cámara de Diputados, Elpidio Báez, anunció que su bancada priorizará proyectos legislativos orientados al fortalecimiento de la seguridad pública. Entre estos figuran una nueva ley de control de armas, una reforma integral de la Policía Nacional y una propuesta para dignificar a los cuerpos de bomberos, instituciones esenciales pero históricamente abandonadas por los ayuntamientos. La esperanza, sin embargo, choca con la realidad de que muchas de estas iniciativas llevan años estancadas en el Congreso, bloqueadas por intereses internos o falta de voluntad política.
Y es que el problema no se limita al Congreso. La seguridad ciudadana requiere de políticas públicas coordinadas, eficientes y sostenidas. Programas como Barrio Seguro o el Plan Integral de Seguridad Ciudadana han demostrado avances parciales —como el funcionamiento del 911— pero fallan al no acompañarse de estrategias de prevención social, participación comunitaria y un sistema judicial que sancione con firmeza. La pobreza estructural, la desigualdad y la impunidad siguen alimentando un ciclo donde el crimen encuentra terreno fértil. El país necesita más que promesas: necesita reformas estructurales reales que enfrenten la raíz del problema.
