Ayer, en medio de un escenario de tensiones políticas, la oposición al Gobierno solicitó a la Junta Central Electoral (JCE) una reunión para abordar la cuestión de la campaña electoral prematura. Según Altagracia Salazar, esta situación ha planteado una pregunta fundamental: “El PLD y la FUPU, ¿pa’ la calle o al Tribunal Electoral?”.
En otro ámbito, el portavoz del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el senado llamó a sus seguidores a congregarse en la Plaza de la Bandera en una protesta en contra de la resolución de la JCE.
No obstante, rara vez hacemos mención de las expresiones exageradas del periodista Iván Lorenzo, quien cuenta con un espacio mediático para expresar sus opiniones, y cuyas afirmaciones tienen un lugar fijo en un medio de comunicación. Salazar puntualizó que no está dispuesta a ofrecer su trabajo de manera gratuita como otros pueden hacerlo.
En este contexto, las palabras de Altagracia Salazar cobran relevancia. Ella señaló que la reacción de la JCE al ratificar su posición sobre la campaña prematura plantea un dilema significativo para la oposición.
Ante esta disyuntiva, existen dos caminos posibles: recurrir al Tribunal Superior Electoral como jurisdicción reglamentaria, o bien, como mencionó Lorenzo, optar por la protesta en las calles.
En relación con la controversia, la JCE emitió un comunicado anoche que también parece ridiculizar al líder, maestro y guía de la oposición. Según Salazar, la JCE sostiene que “ninguna sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado no conforme a la Constitución lo relativo a las restricciones de la campaña a destiempo”, y aclara que lo considerado inconstitucional se refiere a la llamada campaña sucia.
La sociedad dominicana se encuentra en medio de este conflicto en el que los partidos políticos, tanto de oposición como del gobierno, parecen estar aferrados a mantener una campaña electoral permanente, ignorando los efectos perjudiciales de esta dinámica. Además, surgen cuestionamientos acerca de cómo competirán aquellos candidatos jóvenes y con menos recursos en una campaña sin límites temporales y donde algunos tienen los recursos para financiar la propaganda sin restricciones.
En comparación con otros países de América Latina, solamente República Dominicana y Panamá mantienen una campaña electoral prácticamente ilimitada. Este desorden beneficia a los partidos en el poder, como el PLD y su secuela la Fuerza del Pueblo (FUPU), quienes tienen experiencia en ocultar la propaganda política bajo distintas formas.
