El clima de inseguridad en la República Dominicana ha tomado un matiz alarmante con la creciente ola de desapariciones y presuntos secuestros de menores de edad. Casos emblemáticos como el de la niña Carla Massiel, hallada sin vida tras ser raptada en circunstancias aún no esclarecidas, han sacudido a la opinión pública y encendido el debate sobre la capacidad de las autoridades para garantizar la protección de los ciudadanos más vulnerables. La incertidumbre se extiende en comunidades enteras que viven con miedo, ante la falta de respuestas oficiales claras.
Familias como la de Felipa Rodríguez y Johnny Luciano siguen atrapadas en un dolor interminable. Su hija Yodalis, de apenas 11 años, desapareció cuando regresaba de la escuela en Boca Chica, y a más de un año no existen pistas sobre su paradero. En esa misma localidad, moradores intentaron linchar recientemente a presuntos secuestradores que habrían perseguido a otra niña. Estos episodios reflejan una población cada vez más dispuesta a aplicar justicia por su cuenta, ante la percepción de abandono estatal.
Mientras tanto, las autoridades insisten en negar la existencia de bandas organizadas dedicadas al rapto de niños y descartan los rumores de tráfico de órganos, señalando la imposibilidad técnica de tales prácticas en el país. Sin embargo, expertos legales advierten que la ley contempla sanciones severas contra quienes atenten contra la integridad de los menores, incluso a padres negligentes. El vacío de confianza y la proliferación de teorías inquietantes mantienen a la población en vilo, exigiendo respuestas urgentes y concretas para detener el terror que se extiende.
