En el octavo día del cierre del Gobierno, los aeropuertos del país registraron un total de 4,292 retrasos, afectando vuelos nacionales e internacionales y dejando a miles de pasajeros varados. Los controladores aéreos y el personal de tierra continúan trabajando sin recibir pagos, cumpliendo con sus funciones pese a la incertidumbre laboral.

Las principales afectaciones se reportaron en los aeropuertos de mayor tránsito, donde las filas en los mostradores y la espera en las puertas de embarque se extendieron por varias horas. Expertos advierten que la situación podría empeorar si no se reestablece pronto el funcionamiento pleno de la administración federal.

Autoridades y aerolíneas han solicitado a los viajeros mantenerse informados sobre sus vuelos y considerar alternativas de transporte, mientras el cierre del Gobierno mantiene paralizadas varias dependencias cruciales para el normal funcionamiento del sistema aéreo.

Además de los retrasos, se han reportado cancelaciones de vuelos, lo que ha obligado a las aerolíneas a reprogramar itinerarios y ofrecer asistencia limitada a los pasajeros afectados. Familias y viajeros de negocios enfrentan pérdidas económicas considerables debido a conexiones perdidas y cambios de última hora.

El impacto del cierre también se ha sentido en los servicios auxiliares de los aeropuertos, como el abastecimiento de combustible, mantenimiento de aeronaves y operaciones de seguridad. Aunque los trabajadores permanecen en sus puestos, la falta de pago genera tensión y preocupación sobre la continuidad de las operaciones en los próximos días.

Organizaciones de transporte aéreo y asociaciones de consumidores han emitido comunicados urgentes, instando al Gobierno a encontrar una solución inmediata. Señalan que la prolongación del cierre podría generar un efecto dominó en el sector turístico y la economía en general, afectando tanto a pasajeros locales como a visitantes internacionales.

Expertos advierten que, si el cierre del Gobierno continúa, los retrasos y cancelaciones podrían multiplicarse, afectando no solo a los aeropuertos principales, sino también a los regionales, lo que pondría en riesgo la confianza de los viajeros y la estabilidad del transporte aéreo en todo el país.