Santo Domingo.– El segundo informe nacional de derechos humanos presentado por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reveló que la salud, la educación y la seguridad continúan siendo los derechos más vulnerados en la República Dominicana, afectando de manera directa a los sectores más frágiles de la sociedad.
De acuerdo con el estudio, el derecho a la salud ocupa el primer lugar entre las violaciones reportadas. El informe recoge testimonios de madres que recorren hospitales en busca de una cama para sus hijos, adultos mayores que deben esperar semanas para recibir un procedimiento médico y trabajadores que se ven empujados a la pobreza tras recibir diagnósticos inesperados que no pueden costear. Estos casos, según Ulloa, reflejan una crisis estructural que requiere atención urgente.
El documento también señala a la Policía Nacional como la institución que más vulnera derechos en el país, según el 50% de los ciudadanos encuestados. Pablo Ulloa afirmó que este hallazgo no busca desacreditar al cuerpo del orden, sino aportar evidencia para su fortalecimiento. “La seguridad solo es legítima cuando se ejerce con proporcionalidad, respeto y estricto apego a la ley”, reiteró el Defensor del Pueblo.
Además de salud y seguridad, otros derechos afectados incluyen la seguridad social, la integridad personal, la educación, el trabajo y la protección del medio ambiente. El informe indica que las mujeres, las personas envejecientes y la población con discapacidad continúan siendo los grupos más vulnerables frente a estas fallas del sistema, lo que subraya la necesidad de políticas públicas más inclusivas y efectivas.
El Defensor del Pueblo explicó que el informe fue elaborado a partir de miles de encuestas, entrevistas y denuncias registradas a nivel nacional, lo que permitió identificar patrones de desigualdad persistentes entre provincias y sectores sociales. Ulloa señaló que, aunque se han hecho esfuerzos desde distintas instituciones, la brecha entre la normativa y la realidad cotidiana de la gente sigue siendo amplia, especialmente en zonas rurales y comunidades de bajos ingresos.
El estudio concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al Estado dominicano, entre ellas la mejora de la inversión en salud pública, la profesionalización y supervisión efectiva de los cuerpos de seguridad, y la implementación de políticas inclusivas para garantizar el acceso equitativo a educación y servicios básicos. El Defensor del Pueblo subrayó que solo con un compromiso real y sostenido de todas las autoridades será posible revertir la tendencia de vulneración de derechos en el país.
