Tom Homan, el autodenominado “zar de la frontera” designado por Trump, anunció desde Nueva York que incrementará considerablemente la presencia de agentes del ICE en la ciudad si las autoridades locales no facilitan el acceso a las cárceles de Rikers Island y cuarteles policiales.
Homan afirmó que las “ciudades santuario son ahora nuestra prioridad” y amenazó que, si no se les permite detener a presuntos delincuentes dentro de las cárceles, trasladarán sus operaciones a calles y lugares de trabajo. “Las ciudades santuario obtienen justamente lo que no quieren —más agentes en la comunidad y en el lugar de trabajo”.
El anuncio surge tras el tiroteo a un agente de la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza fuera de servicio en Manhattan, en el que estarían implicados dos inmigrantes indocumentados, supuestamente con antecedentes penales. Homan responsabilizó a las leyes santuario y a la negativa del Concejo de la ciudad de permitir el acceso del ICE a Rikers Island por el ataque. Por su parte, Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, calificó estas ciudades como “santuarios para criminales”.
El alcalde Eric Adams respondió aceptando la cooperación para arrestar a criminales peligrosos, pero rechazó cualquier operativo generalizado que afecte a inmigrantes sin antecedentes. Además, defendió el distanciamiento del FBI y del ICE de las comunidades elegibles para solicitar asilo.
Este giro en la política migratoria federal llega en vísperas de una campaña electoral y reaviva el enfrentamiento entre la Casa Blanca y las grandes ciudades demócratas. La ofensiva, según Homan y Noem, podría extenderse a otras ciudades santuario como Chicago, Boston y Los Ángeles.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes ya han comenzado a movilizarse ante la amenaza de redadas masivas, advirtiendo que este tipo de operativos solo fomentan el miedo y la desconfianza en comunidades vulnerables. Algunos líderes comunitarios señalaron que medidas como las anunciadas por Homan no distinguen entre criminales y familias trabajadoras, y pueden provocar la separación de hogares, violaciones de derechos humanos y un deterioro en la cooperación entre inmigrantes y autoridades locales.
