SANTO DOMINGO.— Julio Martínez Pozo advirtió que las recientes decisiones del gobierno podrían desnaturalizar el sistema contributivo dominicano, promoviendo la ineficiencia y la falta de control en la administración de los fondos públicos. Durante su intervención en el programa El Sol de la Mañana, Martínez Pozo criticó la resolución del Consejo de la Seguridad Social que destina miles de millones de pesos a cubrir déficits en SENASA y otras prestadoras de servicios de salud.

El comunicador aseguró que estas medidas constituyen un riesgo para la sostenibilidad del sistema, diseñado originalmente para operar con eficiencia y garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada. “Estamos invitando a una desaparición de la eficiencia, premiando la ineficacia y desnaturalizando la operatividad del sistema contributivo”, afirmó Martínez Pozo, al tiempo que llamó a que las acciones gubernamentales sean supervisadas y judicializadas con responsabilidad.

Además, Martínez Pozo recordó que errores de gestión en el sector eléctrico y decisiones costosas en plantas de generación han agravado la situación financiera del Estado, afectando tanto la eficiencia como la credibilidad de las instituciones. Destacó que decisiones como el decreto 517-25, que permite compras de emergencia sin los controles habituales, envían señales de incoherencia y riesgos legales, debilitando la confianza en la administración pública.

También cuestionó la legalidad de la disposición del gobierno, señalando que no existen claras bases jurídicas para autorizar la utilización de recursos del sistema contributivo en subsidios adicionales a prestadoras de salud. “No hay una consulta jurídica que valide esta medida; estamos ante un precedente peligroso que podría afectar la sostenibilidad de los fondos destinados a los trabajadores”, advirtió Martínez Pozo.

Por otro lado, destacó que la ineficiencia en sectores estratégicos como SENASA y el sistema eléctrico no solo tiene un costo económico, sino también social y ambiental. Resaltó que decisiones como la contratación de plantas de generación eléctrica costosas e ineficientes y la falta de planificación adecuada contribuyen al aumento de los déficits y a la percepción de desorden en la administración pública.