Una madre dominicana, cuyo nombre se mantiene en el anonimato para proteger la identidad de su hija menor, ha alzado la voz entre lágrimas de dolor e impotencia luego de que el Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste dispusiera la libertad de Osvaldo Ortiz, el hombre acusado de violar sexualmente a su hija en noviembre de 2024.
La decisión del tribunal ha generado consternación en la víctima y su familia, especialmente al considerar la gravedad del hecho: la agresión fue tan brutal que provocó desgarros en las partes íntimas de la menor, según consta en el examen forense.
La madre de la niña expresó su incomprensión ante la resolución judicial, que argumenta que el imputado, Osvaldo Ortiz, “no es peligroso para las víctimas”. Sin embargo, la mujer asegura que las propias investigaciones realizadas por las autoridades en el sector de Bayona revelaron que el acusado ya había incurrido en conductas similares en otras ocasiones.
“En la resolución lo que dice es que él no es peligroso para las víctimas, pero una persona que ellos mismos investigaron… mucha gente le dijeron que ya él en otras ocasiones había hecho lo mismo”, denunció la madre a la prensa.
El incidente ocurrió en el sector de Bayona mientras la menor se encontraba al cuidado de su abuela. La víctima relató que Ortiz, un vecino del barrio, la recogió en un carro blanco y la llevó a un monte para cometer el acto.
Consecuencias Devastadoras para la Menor
El trauma sufrido por la niña ha tenido consecuencias devastadoras en su salud mental y física. La menor ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones y permanece en un estado de ansiedad y shock, según el testimonio de su madre.
Actualmente, la niña requiere un tratamiento médico mensual que incluye dos cajas de medicamentos (uno para el día y otro para la noche) con un costo que supera los 3,800 pesos por caja, además de una inyección mensual que, por suerte, le es facilitada gratuitamente en el Hospital Santo Socorro.
La desesperada madre, quien trabaja como delivery y es el único sustento de sus tres hijos, ha tenido que desatender otras obligaciones para costear el abogado que lleva el caso, lo que la mantiene “al borde de quedar en la calle”.
La mujer hace un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía para obtener ayuda económica que le permita continuar costeando el tratamiento de su hija y la defensa legal.
Para colaborar con la madre y el tratamiento de la menor, se facilitó el siguiente número de contacto: 809-992-2111.
La familia apela a las autoridades judiciales a reconsiderar la medida y garantizar que este caso de agresión sexual agravada no quede en la impunidad.