Un cabo de la Armada difundió un video en el que denuncia condiciones laborales precarias, maltrato institucional y salarios insuficientes entre los miembros de las fuerzas de seguridad. En la grabación —emitida en el programa El Jarabe— el efectivo describe hacinamiento, falta de agua, precariedad en alojamiento y la entrega arbitraria de sanciones, mientras relata cómo fue “despojado de su arma” y mantenido en condiciones que, según él, equivalen a privación de libertad.
El testimonio prende alarmas por el tono de desesperación y por la advertencia de que, ante el cansancio y la necesidad, algunos agentes podrían “ponerse bruto”, expresión que varios analistas interpretan como riesgo de salidas de control o protesta interna. Voces políticas y comunitarias han reclamado mayor efectividad gubernamental: aumento salarial, condiciones dignas y protocolos claros para garantizar el trato justo y prevenir abusos dentro de la cadena de mando.
Especialistas consultados coinciden en que la queja revela problemas estructurales: remuneraciones insuficientes, falta de supervisión y disputas administrativas que dañan la moral institucional y la seguridad ciudadana. Exigen además investigación transparente sobre los hechos narrados por el cabo, atención médica y social a los denunciantes, y una agenda de reformas que priorice la dignidad del personal de seguridad sin dejar de lado la disciplina y la rendición de cuentas.
