Washington, D.C. — El nombre de Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, ha desaparecido oficialmente de los registros públicos del sistema penitenciario de Estados Unidos, según reportes recientes. La sorpresiva omisión ha desatado especulaciones sobre su posible ingreso a un programa de protección especial del gobierno estadounidense, tras declararse culpable de cargos graves relacionados con el narcotráfico.
Guzmán López, conocido como “El Ratón”, fue extraditado a EE.UU. en septiembre de 2023 y procesado en una corte federal de Chicago, donde el pasado 12 de julio aceptó su culpabilidad en cuatro delitos, entre ellos conspiración para traficar drogas y pertenencia a una organización criminal transnacional. Según fuentes judiciales, su cooperación con las autoridades podría ser clave para debilitar la estructura del Cártel de Sinaloa.
El portal del Buró Federal de Prisiones dejó de mostrar su ubicación carcelaria, señalando solamente que se encuentra “bajo custodia”, sin ofrecer más detalles. Expertos indican que este tipo de medidas son típicas cuando un recluso es transferido a una instalación secreta o colocado en un programa de protección de testigos, gestionado por el Servicio de Alguaciles Federales de EE.UU.
Se presume que como parte de un acuerdo con los fiscales, Ovidio habría ofrecido información valiosa sobre las operaciones internas del cártel, incluyendo nombres, rutas y nexos internacionales, a cambio de una reducción en su sentencia y medidas especiales de seguridad. De confirmarse, su testimonio podría representar un golpe contundente contra “Los Chapitos”, la facción del cártel liderada por los hijos de El Chapo.
Diversas fuentes federales han declarado que Guzmán López podría estar en proceso de ser incorporado al Federal Witness Protection Program, lo que implicaría una nueva identidad, reubicación en territorio estadounidense y total confidencialidad sobre su paradero, en aras de preservar su vida ante el riesgo de represalias del crimen organizado.
La desaparición de su nombre de los archivos oficiales refuerza la idea de que EE.UU. busca utilizar su colaboración como ficha clave en una ofensiva judicial contra el narcotráfico internacional. Sin embargo, el caso también despierta críticas sobre posibles concesiones a un criminal de alto perfil y pone bajo escrutinio la efectividad de este tipo de acuerdos en el desmantelamiento real de cárteles.
