A pesar de que desde el año 2012 la Ley 248-12 prohíbe de manera expresa el uso de animales en circos y espectáculos en República Dominicana, la práctica continúa en franca violación de la normativa. Denuncias históricas contra el circo de los hermanos Suárez y, más recientemente, contra el circo de París y el circo Chihuahua, han documentado condiciones deplorables: animales enjaulados por horas, encadenados, alimentados con comida en mal estado y sometidos a entrenamientos forzados para realizar actos antinaturales.
Defensores de animales y organizaciones sociales han criticado duramente la pasividad del Estado. Aseguran que las autoridades suelen reaccionar tarde o se enteran por los reportajes, lo que refleja una falta de inspección y seguimiento. Incluso, casos recientes muestran cómo perros, palomas y serpientes siguen siendo explotados en presentaciones que cuentan con permisos avalados por tribunales, pese a los reclamos de la Procuraduría de Medio Ambiente. La contradicción entre la letra de la ley y la permisividad institucional aviva la indignación ciudadana.
El debate se reavivó tras conocerse imágenes de perros amarrados durante horas en espacios mínimos, solo liberados para entrenamientos o para salir al escenario. Grupos animalistas insisten en que estos espectáculos perpetúan la crueldad, generan sufrimiento y burlan los avances legales en materia de derechos animales. Reclaman al Estado asumir su responsabilidad y garantizar el cumplimiento estricto de la ley, para poner fin a una práctica que, según ellos, representa una vergüenza nacional.
