La decisión de otorgar permisos navideños a más de 60 internos en centros penitenciarios de San Cristóbal provocó cuestionamientos y abrió un proceso de revisión institucional. La jueza interina de la Ejecución de la Pena, Catherine Arletti Rubio Matos, defendió la medida al afirmar que actuó conforme a la ley y a las normas vigentes, subrayando el principio de independencia judicial en sus actuaciones.
De acuerdo con los detalles ofrecidos, los permisos se concedieron a reclusos de Najayo Hombres, Najayo Mujeres, Sabana Toro y el Centro de Corrección y Rehabilitación 20, con salidas entre el 29 de diciembre y el 2 de enero. El Ministerio Público expresó preocupación al señalar que entre los beneficiarios había condenados vinculados a procesos de alto perfil relacionados con narcotráfico, por lo que solicitó la revocación de las autorizaciones.
Ante la controversia, el Poder Judicial inició una investigación para evaluar el procedimiento y determinar si se cumplieron todos los requisitos legales, especialmente en lo relativo a la supervisión y a la información sobre responsables durante las salidas. El caso ha reavivado el debate sobre los mecanismos de control en el sistema penitenciario y el equilibrio entre derechos de los internos y garantías de seguridad pública.
