Los propietarios del centro de entretenimiento Jet Set presentaron un recurso de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional para impugnar la forma en que se están ejecutando las medidas conservatorias impuestas en el proceso penal derivado del colapso del establecimiento.
La apelación fue interpuesta por Antonio Espaillat López, Maribel Espaillat, Ana Grecia López y varias sociedades comerciales vinculadas al grupo empresarial. En el documento, los recurrentes aclaran que no cuestionan el monto de la garantía económica fijada por el Primer Juzgado de la Instrucción, ascendente a RD$500 millones, ni la procedencia de la medida cautelar, sino la modalidad de su ejecución.
Según el recurso, la autorización otorgada por el tribunal ha permitido que distintos actores civiles interpongan embargos e inscriban hipotecas judiciales de forma independiente, cada uno por hasta RD$500 millones, lo que ha generado una superposición de medidas sobre los mismos bienes.
Los apelantes sostienen que las afectaciones patrimoniales ya superarían los RD$1,500 millones, tres veces el límite establecido por la resolución judicial. En ese sentido, argumentan que esta situación desnaturaliza el objetivo de las medidas cautelares, vulnera el principio de proporcionalidad previsto en el Código Procesal Penal y convierte una garantía única en múltiples restricciones patrimoniales simultáneas sobre un mismo patrimonio.
