El debate público volvió a encenderse tras difundirse una encuesta internacional que ubicó al presidente Danilo Medina entre los mandatarios más populares del mundo. El dato, presentado como un logro político, generó cuestionamientos inmediatos sobre su origen, metodología y coherencia frente a la realidad nacional. La información señalaba que el mandatario alcanzaba un 63 % de aprobación, situándose por encima de varios líderes internacionales, según un ranking divulgado por una entidad con sede en España.
Sin embargo, el contraste surgió al compararse con estudios internos sobre percepción ciudadana. Una encuesta nacional reveló que el 99.1 % de los dominicanos considera que en el país existe corrupción, mientras apenas un porcentaje mínimo afirmó lo contrario o prefirió no responder. Esta contradicción provocó un amplio debate: ¿cómo puede coexistir una alta aprobación presidencial con una percepción casi unánime de corrupción institucional? El planteamiento abrió interrogantes sobre la interpretación social del poder, la tolerancia ciudadana y la forma en que se evalúa la gestión pública.
Posteriormente se aclaró que el ranking internacional no fue elaborado directamente por la Asociación de Comunicación Política de España, sino que recopiló datos de encuestas locales realizadas en cada país. En el caso dominicano, los resultados provenían de estudios vinculados al Ministerio de la Presidencia en 2017. Paralelamente, informes de competitividad global situaban a la República Dominicana en posiciones desfavorables en transparencia, confianza política y lucha contra la corrupción, descendiendo varios lugares respecto a años anteriores. La aparente contradicción quedó así contextualizada, revelando no solo un problema metodológico, sino una realidad más profunda: la distancia entre percepción ciudadana, evaluación institucional y construcción política de la popularidad.
