En medio de una creciente ofensiva del presidente Donald Trump contra instituciones consideradas críticas de su gestión, la Universidad de Harvard y la cadena pública NPR se han convertido en sus últimos blancos. La administración ha ordenado a las agencias federales rescindir los contratos restantes con Harvard, que sumarían cerca de 100 millones de dólares, alegando una supuesta falta de acción de la universidad para abordar el antisemitismo en su campus.
Desde el mes pasado, ya se han congelado aproximadamente 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos destinados a la universidad. Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio por cortar los lazos financieros con instituciones educativas que, según la administración, no cumplen con ciertos estándares federales o muestran posturas ideológicas contrarias.
Simultáneamente, NPR (National Public Radio) y tres emisoras locales han presentado una demanda contra el presidente Trump. Alegan que la orden ejecutiva que reduce drásticamente la financiación federal a medios públicos como NPR y PBS es inconstitucional y viola la Primera Enmienda, al tratarse de una represalia política encubierta.
El caso podría escalar a la Corte Suprema y reabrir el debate sobre el uso de fondos federales como herramienta de presión política. Mientras tanto, el conflicto entre la Casa Blanca y estas instituciones promete intensificarse en los próximos meses.
La ofensiva de Trump contra Harvard se produce en un contexto de tensión creciente entre el gobierno y varias universidades de élite, a las que acusa de promover agendas ideológicas contrarias a los valores estadounidenses. Voceros de la administración han insistido en que el recorte de fondos responde a la “inacción” de Harvard frente a incidentes de antisemitismo en su campus, aunque críticos sostienen que se trata de una maniobra política para castigar la disidencia académica.
Por su parte, NPR ha calificado el ataque como una amenaza directa a la libertad de prensa y al derecho del público a una información independiente. En su demanda, argumentan que el gobierno no puede usar el poder del financiamiento federal como arma para silenciar medios críticos. La confrontación ha generado alarma entre defensores de los derechos civiles y la comunidad académica, quienes advierten sobre un patrón preocupante de represalias desde el Ejecutivo contra instituciones que cuestionan su narrativa.
