Santo Domingo, 21 de febrero de 2025. La Junta Central Electoral (JCE) ha dado a conocer la nueva distribución de fondos para los partidos políticos, generando críticas sobre el gasto excesivo en la actividad política y su impacto en la democracia.

De acuerdo con los datos oficiales, este año se asignarán 10,000 millones de pesos a 33 partidos y cinco movimientos locales. El 80% de estos fondos será distribuido entre las tres principales fuerzas políticas: el Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que superaron el umbral del 5% de los votos.

El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que obtuvo solo un 2.55% de los votos, recibirá una cantidad considerable de recursos. Miguel Vargas Maldonado, líder del PRD, se ha convertido en objeto de críticas, pues cada voto obtenido por su partido costó a los contribuyentes 52,631 pesos.

Desde la aprobación de la Ley Electoral en 1997, los partidos han recibido más de 28,000 millones de pesos en financiamiento estatal. Sin embargo, este flujo de dinero no ha mejorado la calidad de la democracia ni ha evitado la influencia del narcotrafico y el lavado de activos en la política.

La distribución de recursos también ha impulsado la creación de “bancadas” de empresarios de juegos de azar y transporte, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto de estos grupos en el Congreso y los ayuntamientos. Mientras tanto, el abstencionismo electoral ha aumentado, registrando en el último proceso la tasa más alta de los últimos ocho comicios, incluso mayor que en tiempos de pandemia.

En medio de este panorama, la encuesta Gallup indica que el actual ministro de Turismo, David Collado, lidera la intención de voto para las elecciones de 2028 con un 54%, superando a Leonel Fernández (26%) y Abel Martínez (14%).

Las críticas a la financiación de los partidos han reavivado el debate sobre la necesidad de reformar el sistema político. Sin embargo, el Congreso, dominado por los mismos partidos beneficiados, no ha mostrado intención de revisar el esquema actual.

Ante el creciente descontento ciudadano, algunos sectores han propuesto una regulación más estricta de los fondos públicos destinados a los partidos y una mayor fiscalización del origen de los recursos privados que financian las campañas políticas. Resta por verse si estas inquietudes lograrán una transformación en el modelo político dominicano o si seguirá predominando el interés de las cúpulas partidarias sobre el fortalecimiento de la democracia.