El Gobierno dominicano y varias líneas aéreas reclamaron a Aerodom la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer (La Isabela), al advertir que la infraestructura actual limita la operación de aeronaves y afecta la competitividad del país en vuelos regionales y ejecutivos.
Desde la concesionaria se respondió que, conforme al contrato vigente, corresponde al Estado adquirir los terrenos necesarios para viabilizar la obra, tras lo cual Aerodom ejecutaría la ampliación.
La inconformidad del Gobierno quedó evidenciada en declaraciones del presidente Luis Abinader, quien expresó malestar por el desempeño de la concesión. A su vez, el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, manifestó decepción por el incumplimiento de expectativas tras la renovación del contrato por 30 años, al considerar que la modernización de la red aeroportuaria no avanza al ritmo comprometido.
A las críticas por la pista de La Isabela se sumaron señalamientos sobre el deterioro del servicio en otros aeropuertos, como el Aeropuerto de Las Américas, donde usuarios reportaron deficiencias en baños y fallas en el aire acondicionado.
También se recordó una sanción pendiente contra Aerodom por un apagón ocurrido en esa terminal, que el Gobierno asegura no ha sido saldada, lo que reaviva el debate sobre el cumplimiento de obligaciones contractuales y la supervisión estatal.
En el mismo espacio de análisis donde surgieron estas denuncias, panelistas destacaron la cercanía diplomática de la embajadora de Estados Unidos tras actividades de intercambio con comunidades locales, y comentaron tensiones internas en el sector público por traslados de personal entre dependencias con diferencias salariales.
Aunque estos temas son colaterales, reflejan un clima de exigencia ciudadana por mayor eficiencia institucional, en momentos en que la infraestructura aeroportuaria vuelve al centro del debate público.
