Santiago Rodríguez, RD – El sacerdote Alejandro Anselmo Peña Sánchez, señalado por al menos tres mujeres por agresión sexual, será presentado este martes ante un juez para la audiencia de medida de coerción. El caso había sido destapado hace unas semanas por la periodista Alicia Ortega, quien reveló que dos de las víctimas fueron abusadas cuando eran menores de edad hace más de una década. Posteriormente, se sumó una tercera denuncia que data de hace cuatro años, lo que sugiere la posibilidad de más víctimas.
Peña Sánchez, quien estaba trasladado a la diócesis de Mao, se encuentra bajo arresto en Sabaneta. Tras la publicación del caso, la diócesis suspendió al sacerdote y el Ministerio Público ha asumido la investigación directamente. Los comunicadores del programa El Despertador destacaron que muchas víctimas de agresión sexual suelen guardar silencio por vergüenza o miedo, lo que hace que este tipo de denuncias sean solo la punta del iceberg.
La audiencia de medida de coerción será clave para determinar si el sacerdote continuará detenido mientras se investigan otras posibles víctimas. Las autoridades y los medios han llamado a mantener un seguimiento estricto del caso, en busca de justicia y protección para quienes han sido afectadas.
Penalidad por abuso sexual
En República Dominicana, el abuso sexual a menores se considera un delito grave y está tipificado en el Código Penal. Las penas varían según la edad de la víctima y la gravedad del hecho: el acceso carnal con menores de 13 años puede acarrear entre 20 y 30 años de prisión, mientras que otras formas de abuso sexual a menores de 18 años se sancionan con penas de 5 a 20 años. Cuando el agresor ocupa una posición de autoridad, como sacerdote, maestro o tutor, las penas se agravan, incluyendo el uso de fuerza, amenaza o manipulación psicológica, como factores que elevan la sanción.
Además de la prisión, la legislación dominicana contempla medidas adicionales como la obligación de reparar el daño causado y la inhabilitación para ejercer cargos relacionados con menores. La ley también establece que estos delitos no prescriben mientras la víctima sea menor de edad al momento de los hechos, lo que permite que las denuncias puedan presentarse años después de ocurridos los abusos. Estas disposiciones buscan proteger a los menores y garantizar que los responsables enfrenten la justicia de manera efectiva.
