El presidente Luis Abinader observó y modificó la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, otorgando 12 meses adicionales para la eliminación del foam y los plásticos de un solo uso en República Dominicana, pese a que el plazo original venció el pasado 2 de octubre de 2024.

La decisión implica una nueva prórroga para los empresarios y comerciantes que desde 2020 contaban con un periodo de cinco años para adecuarse a la normativa, la cual prohíbe progresivamente la fabricación, importación y distribución de envases de poliestireno expandido (foam) y fundas plásticas.

Según explicó el Ejecutivo, la modificación se realiza “para garantizar la transición responsable del sector comercial e industrial”, aunque críticos señalan que la medida beneficia al empresariado y retrasa la aplicación efectiva de la ley.

El artículo 172 de la Ley 225-20 establece la obligación de reducir los residuos generados por foam y botellas plásticas, y ordena a los establecimientos comerciales sustituir progresivamente las fundas plásticas de un solo uso. Sin embargo, cinco años después de su promulgación, las autoridades no han logrado ejecutar plenamente las disposiciones del texto legal.

Del mismo modo, el Poder Ejecutivo también amplió a 24 meses el plazo para eliminar los platos con tapas integradas y las bandejas de foam, bajo el argumento de que aún no existen sustitutos económicamente viables.

De acuerdo con estudios citados por expertos, por cada dólar invertido en la fabricación de plásticos, los gobiernos locales deben gastar hasta 10 dólares para su gestión y eliminación. A esto se suma que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha recaudado más de 9,000 millones de pesos en concepto de tasas ambientales desde la entrada en vigor de la ley, recursos que deberían destinarse al Ministerio de Medio Ambiente y al Fideicomiso de Residuos Sólidos, aunque su ejecución ha sido cuestionada por falta de transparencia.

Mientras en Haití el Ministerio de Comercio e Industria mantiene vigente desde 2013 un decreto que prohíbe la importación y uso del foam, en República Dominicana el material sigue siendo ampliamente utilizado en restaurantes, colmados y supermercados.