Santo Domingo. – La ciudadanía dominicana vuelve a expresar su preocupación por la actuación de algunos miembros de la Policía Nacional, asegurando que lejos de brindar seguridad, generan temor e incertidumbre. Vecinos y usuarios de redes sociales critican los abusos durante operativos y el uso excesivo de la fuerza, recordando que muchos sienten más miedo de la policía que de la delincuencia misma.
Abogados penalistas y especialistas en seguridad coinciden en que la institución debe asumir un rol activo para reconstruir la confianza perdida. Señalan que, aunque existen esfuerzos de reforma policial, es indispensable implementar medidas concretas que garanticen el respeto a los derechos y la protección efectiva de la población.
El debate sobre la necesidad de reformas profundas en la Policía Nacional se intensifica mientras la población exige respuestas claras. Los ciudadanos insisten en que solo con educación, supervisión y responsabilidad institucional se podrá restaurar la credibilidad de la fuerza pública y asegurar una convivencia más segura en el país.
Además, expertos señalan que la desconfianza hacia la Policía no es un problema aislado, sino que refleja deficiencias históricas en la formación, supervisión y rendición de cuentas de la institución. Consideran que la solución requiere un enfoque integral que incluya educación continua para los agentes, protocolos claros de actuación y mecanismos de control internos que sancionen las conductas inapropiadas.
Ciudadanos entrevistados insisten en que la percepción de impunidad ante los abusos policiales afecta directamente la convivencia y la seguridad en los barrios. “Si quienes deben protegernos son los que cometen los delitos, ¿a quién recurrimos?”, cuestiona un residente de Santo Domingo Este, ejemplificando la frustración de muchas comunidades ante estos episodios.
Las organizaciones civiles y jurídicas también llaman a que la Policía Nacional fortalezca sus canales de comunicación con la población, promoviendo transparencia y participación ciudadana. Solo así, aseguran, se podrá reconstruir la relación con la sociedad, garantizar el respeto a los derechos humanos y devolver a la ciudadanía la confianza necesaria para convivir en un entorno seguro.
