El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció el jueves por la noche haber sido víctima de un posible intento de envenenamiento. Su equipo encontró tres sustancias químicas tóxicas en unos obsequios recibidos durante un encuentro con agricultores la semana pasada, que incluían productos de tamarindo, cacao y chocolate. “Es imposible que haya sido accidental”, declaró el mandatario a la cadena CNN, generando alarma sobre la seguridad del presidente y la estabilidad política en el país.
El anuncio se produce poco después de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) decidiera poner fin al paro nacional de 31 días, iniciado en protesta por la eliminación del subsidio a los combustibles. Según Marlon Vargas, presidente de la organización, la medida del Gobierno se mantuvo y no se lograron acuerdos en las otras demandas, lo que refleja la tensión entre la administración de Noboa y los movimientos sociales, a pesar del cese de las movilizaciones.
El paro dejó un saldo de tres muertos y cientos de heridos, y se registraron enfrentamientos con la fuerza pública en distintas provincias. El propio presidente había advertido que las vías bloqueadas serían despejadas, tras la ruptura del diálogo que parecía haber avanzado días antes. Pese a las tensiones, la vida cotidiana en ciudades como Quito y Guayaquil continuó con relativa normalidad, y el impacto del paro en la imagen de Noboa ha sido limitado, con un incremento de cuatro puntos en su valoración positiva según la consultora CIEES.
Los analistas atribuyen la baja afectación social del paro a que la eliminación del subsidio al diésel no generó cambios inmediatos en el transporte público ni en la vida diaria de los ciudadanos, reduciendo la percepción de impacto real de las protestas. Asimismo, estrategias del Gobierno, como la geolocalización de bloqueos en zonas andinas y la entrega de bonos económicos, contribuyeron a fragmentar el apoyo a las movilizaciones y a limitar su alcance en la capital.
Los datos del CIEES reflejan que, aunque en septiembre el 82% de los encuestados creía que la eliminación del subsidio afectaría significativamente su vida, para octubre ese porcentaje descendió al 54,7%. Los problemas percibidos como más urgentes por la población siguen siendo la violencia y la inseguridad, mientras que la movilización indígena fue vista por muchos como desconectada de la realidad diaria.
En este contexto, el posible intento de envenenamiento contra Noboa añade un nuevo nivel de tensión a la ya compleja situación política y social del país, en un momento donde la administración busca estabilizar la gobernabilidad y retomar la normalidad tras un paro prolongado que puso a prueba la relación entre el Ejecutivo y los movimientos sociales.
