La violencia de género continúa siendo una de las problemáticas más graves y persistentes en la República Dominicana. El reciente testimonio de la exreina de belleza Claudia Piña ha vuelto a colocar el tema en el centro del debate público. La también ex vice representante dominicana internacional 2008 denunció haber sido víctima de múltiples agresiones físicas y psicológicas por parte de su expareja, hechos que —según afirma— iniciaron el 2 de julio y marcaron un antes y un después en su vida personal y emocional.
De acuerdo con su relato, Piña fue forzada violentamente a subir a un vehículo tras una discusión, retenida contra su voluntad y posteriormente arrojada del automóvil en una zona oscura, sufriendo lesiones que, según médicos, pudieron costarle la vida. La denunciante asegura que, aun después de interponer querella formal y obtener una orden de alejamiento, su agresor continuó contactándola y presentándose en su residencia, en aparente violación a las disposiciones judiciales. Estas acciones, sostiene, evidencian fallas en la capacidad de respuesta inmediata de las autoridades ante casos de alto riesgo para las víctimas.
El caso ha reavivado cuestionamientos sobre la aplicación efectiva de la Ley 24-97, que regula la violencia de género e intrafamiliar. Abogados de la víctima informaron que solicitarán la judicialización del presunto agresor y la imposición de prisión preventiva. Las estadísticas oficiales refuerzan la preocupación social: una alta proporción de mujeres asesinadas por violencia de género nunca denunció previamente, y decenas de feminicidios continúan registrándose cada año. Organizaciones y ciudadanos coinciden en que la denuncia pública de Piña no es un hecho aislado, sino un reflejo de una crisis estructural que exige acciones judiciales firmes, protección real a las víctimas y un compromiso institucional sostenido para frenar una violencia que sigue cobrando vidas.
