Hilonka Yokasta Calcaño, de 36 años, denunció haber sido víctima de abuso sexual y físico por un hombre mientras se encontraba sola en su casa, en el sector La Cabirma. La víctima, quien padece de neuropatía periférica, hizo su denuncia mediante un audiovisual que compartió públicamente.
Según relató Calcaño, el incidente ocurrió mientras se bañaba. “Yo estaba bañándome y escucho a alguien en el patio, digo quién es, me responde ‘soy yo William’; pregunto: ¿pero qué tú quieres? ¿Qué tú buscas? Me dijo: ‘Yo quiero hablar contigo’”, narró la mujer, explicando que el agresor la atacó posteriormente.
La víctima agregó que, al finalizar el acto, le advirtió al agresor que iba a denunciar lo ocurrido. Asimismo, indicó que William nunca había visitado su casa anteriormente y que lo conocía como una persona tranquila antes de involucrarse en el consumo de drogas.
Finalmente, Calcaño informó que interpuso la denuncia ante las autoridades y espera que se tomen las medidas correspondientes para que se haga justicia. El caso ha generado conmoción en la comunidad de La Cabirma, donde los vecinos expresan preocupación por la seguridad en la zona.
En la República Dominicana, el abuso sexual está tipificado como un delito grave dentro del Código Penal. Según la legislación vigente, cualquier acto sexual impuesto a otra persona sin su consentimiento, ya sea mediante violencia, intimidación o aprovechando su incapacidad física o mental, es considerado abuso sexual.
La pena puede variar dependiendo de la gravedad del hecho, la edad de la víctima y las circunstancias del agresor, incluyendo si se utilizó violencia física o si la víctima padece alguna condición que la haga más vulnerable.
Las sanciones para los responsables de abuso sexual incluyen prisión que puede ir desde varios años hasta décadas, dependiendo de la naturaleza del delito. Además de la pena de cárcel, el agresor puede enfrentar medidas adicionales como indemnización a la víctima y registro como delincuente sexual, lo que implica restricciones en su vida social y laboral. La ley busca proteger a las víctimas y disuadir la comisión de este tipo de delitos, enfatizando la importancia de la denuncia y la intervención de las autoridades competentes.
