El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, lanzó este jueves una contundente advertencia a funcionarios y empresarios que pudieran estar vinculados al reciente escándalo de compras amañadas, en el que fueron suspendidos 20 proveedores acusados de manipular procesos de licitación para beneficiarse de fondos del Estado.
Pimentel explicó que las compañías sancionadas están presuntamente relacionadas con delitos como estafa, soborno, colusión, falsificación de documentos, asociación de malhechores y hasta lavado de activos. Señaló que, de confirmarse las imputaciones, se trataría de acciones que golpean directamente el patrimonio público y distorsionan las reglas de transparencia en la contratación estatal.
El funcionario aseguró que la investigación está ahora en manos del Ministerio Público, instancia que deberá profundizar en la identificación de todos los actores involucrados. “Si se determinan responsabilidades, serán incorporados al expediente, sean proveedores o funcionarios públicos”, afirmó con firmeza.
Según Pimentel, mantener habilitadas a las empresas suspendidas representaría “un riesgo grave” para los procesos de compras del Estado, ya que podrían repetir las mismas irregularidades, obstruir licitaciones o afectar la igualdad entre oferentes. Por ello, durante la etapa inicial se procedió a suspender a los 20 proveedores, quienes no podrán presentar ofertas mientras dure la investigación.
Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que la institución sometiera a consulta pública el borrador del reglamento de la nueva Ley de Compras y Contrataciones, que entrará en vigor el 28 de enero del próximo año. La normativa contempla tanto sanciones administrativas como penales para quienes incurran en actos ilícitos contra el Estado, reforzando así los mecanismos de control y consecuencias ante la corrupción en los procesos públicos.
