Jaime Aristy Escuder destacó que las reformas estructurales implementadas durante el gobierno de Joaquín Balaguer, a partir de 1990, marcaron un antes y un después en la modernización económica de la República Dominicana. Entre las medidas más relevantes figura la reforma arancelaria y la aprobación del Código Tributario en 1992, que permitió establecer un sistema más equitativo, eficiente y transparente, eliminando incentivos que facilitaban la evasión del impuesto sobre la renta.
Ese mismo período también trajo cambios significativos al mercado laboral con la promulgación de un nuevo Código de Trabajo, el cual sustituyó normas heredadas de la era de Trujillo y mejoró las relaciones entre empleadores y trabajadores, favoreciendo la creación de empleos más dignos. Asimismo, la Ley de Inversión Extranjera aprobada en 1995 abrió las puertas a la llegada masiva de capitales en sectores estratégicos como el turismo, la energía y las zonas francas.
Aristy Escuder indicó que estas reformas, junto a un entorno macroeconómico estable, permitieron que el país mantuviera un crecimiento promedio cercano al 5% del PIB entre 1991 y 2024, elevando el ingreso per cápita y reduciendo los niveles de pobreza. A su juicio, la gestión de Balaguer dejó una lección clara: incluso en momentos adversos, es posible rectificar el rumbo y construir las bases de un desarrollo económico sostenido.
Además, el economista subrayó que las reformas de los años 90 también fortalecieron la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales, al establecer reglas más claras y un marco institucional más moderno. Esto permitió una mayor expansión del sector privado, la diversificación de la economía y un aumento sostenido en la competitividad del país frente a otros mercados de la región.
Aristy Escuder sostuvo que, aunque aún persisten importantes desafíos sociales y económicos, el impacto positivo de esas transformaciones sigue siendo visible en la actualidad. Indicó que el legado de ese período de reformas debe servir como referencia para las decisiones que tome el liderazgo político dominicano, recordando que las políticas públicas bien diseñadas pueden marcar la diferencia en el bienestar y las oportunidades de la población.
