El caso Odebrecht continúa estremeciendo a República Dominicana en este inicio de 2017. Tras el anuncio del procurador Jean Alain Rodríguez sobre el acuerdo con la constructora brasileña, que contempla devolver 184 millones de dólares al Estado, la indignación ciudadana no se ha detenido. Miles de dominicanos, tanto en el país como en el extranjero, se sumaron el pasado 22 de enero a la “Marcha Fin de la Impunidad”, dejando claro que no confían en un proceso percibido como opaco y complaciente con los responsables.
La pasarela de interrogatorios ha salpicado a figuras de alto nivel. César Sánchez, exadministrador de la CDEEE, defendió su papel en la hidroeléctrica de Pinalito, obra contratada con Odebrecht en 2002 por 131.7 millones de dólares y finalizada en 2009 a un costo cercano a 300 millones. También han comparecido Andrés Bautista y Alfredo Pacheco, quienes presidieron órganos legislativos durante la aprobación de contratos vinculados a la empresa brasileña. Ambos insisten en que solo les correspondía aprobar o rechazar proyectos remitidos al Congreso, sin intervenir en negociaciones.
Mientras tanto, la presión internacional crece. Investigaciones en Guatemala vinculan el nombre de políticos dominicanos con gestiones relacionadas a Odebrecht, mientras la empresa enfrenta multas en Estados Unidos, Brasil y Suiza que superan los 2 mil millones de dólares. La sociedad civil dominicana exige acceso al acuerdo firmado por la Procuraduría, convencida de que la lucha contra la corrupción no puede resolverse con pagos parciales, sino con justicia real y castigos ejemplares.
