La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) fue creada oficialmente en 1987 mediante el decreto 590 del Poder Ejecutivo, tras la creación en 1986 de su antecesora, la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado, para supervisar infraestructuras estatales como el proyecto del Faro a Colón. Sin embargo, desde entonces ha estado envuelta en una cadena de escándalos por corrupción, sobreevaluaciones, pagos irregulares y presuntos vínculos con redes mafiosas. A lo largo de los años, sus distintas administraciones —desde la del ingeniero Hernán Isarazar durante el gobierno del PRD, hasta la de Félix Bautista y Miguel Pimentel Kareh en gestiones del PLD— han sido señaladas por manejos turbios de fondos públicos y contratos amañados.
La administración de Pimentel Kareh es recordada por el caso del Hospital Darío Contreras, con una remodelación sobrevalorada en más del 70%, y por el vínculo con el caso del Banco Peravia, donde se mencionó una estructura de cobros ilegales a través de una aseguradora manejada por su hija. Durante años, contratistas y arquitectos denunciaron retenciones injustificadas de pagos y presiones indebidas. El caso más estremecedor fue el suicidio del arquitecto David Rodríguez García, quien dejó dos notas acusando directamente a funcionarios de la institución de promesas incumplidas y de quedarse con los recursos destinados a su obra. David construía una escuela pública en Yamasá y, ante la falta de pagos y la presión para inaugurar sin haber concluido los trabajos, optó por quitarse la vida dentro de las instalaciones de la OISOE.
El trágico final de Rodríguez reveló lo que muchos ingenieros ya conocían: un sistema corrompido desde la raíz, donde la supervisión se convirtió en coacción, y las promesas de apoyo eran en realidad mecanismos para beneficiar a una élite política y empresarial. Aunque la OISOE sigue operando bajo nuevas direcciones, la estructura interna de la institución continúa siendo objeto de profunda desconfianza por parte de la sociedad dominicana. El Estado, pese a las múltiples investigaciones y escándalos, no ha reformado de forma estructural esta entidad, dejando abiertas heridas en el sector de la construcción y, sobre todo, en las familias afectadas por su historial de negligencia, corrupción y tragedia.
