En menos de 24 horas, más de 4.000 funcionarios electos asumirán cargos en la República Dominicana, marcando un relevo político que combina viejos rostros con nuevas figuras. Sin embargo, este proceso vuelve a poner sobre la mesa un cuestionamiento reiterado: la política dominicana parece más un negocio que un ejercicio cívico. Los altos costos de campaña, los recursos estatales empleados en actividades proselitistas y los salarios desproporcionados en comparación con el sector privado alimentan la percepción de que llegar al poder es, ante todo, una inversión rentable.
La politóloga Rosario Espinal señala que los partidos políticos son los sectores más subsidiados de la sociedad dominicana, beneficiándose de financiamiento público, aportes privados y una extensa red de empleos en el Estado. A esto se suma el atractivo económico de los cargos electivos, cuyos salarios y beneficios superan con creces los ingresos de profesionales altamente calificados. Mientras tanto, sociólogos como Wilfredo Lozano aún confían en que la política puede rescatarse como un ejercicio cívico, aunque admiten que el modelo actual favorece el clientelismo y la impunidad.
El abogado y comunicador Ricardo Nieves, más crítico, advierte que la actividad política ha sido transformada en un “tremendo negocio ilícito”. La falta de controles, la débil transparencia y la ausencia de sanciones consolidan un sistema donde la corrupción se percibe como normalizada. República Dominicana figura en el puesto 33 de percepción de la corrupción en América Latina, según Transparencia Internacional. La aprobación de la ley de partidos, estancada desde hace más de una década, aparece como una posible salida, pero su implementación afectaría directamente los intereses de quienes hoy se benefician del sistema.
