Santo Domingo.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) respaldó este lunes las declaraciones del expresidente Danilo Medina, asegurando que la cárcel La Nueva Victoria, actualmente renombrada como Las Parras, fue entregada completamente terminada y lista para operar en agosto de 2020. En ese sentido, el partido opositor exigió la realización de una auditoría a los casi 3,000 millones de pesos que, según denuncian, el actual gobierno ha destinado a la remodelación del recinto penitenciario.
Una comisión del PLD aseguró que al asumir el poder el Partido Revolucionario Moderno (PRM), se ordenó detener el traslado de los primeros 225 internos, situación que según afirmaron provocó el deterioro de la infraestructura, el aumento del hacinamiento en otras cárceles del país y la muerte de varios reclusos durante un incendio en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
Aunque las autoridades actuales han señalado que fue necesario intervenir la obra por múltiples fallas de diseño y seguridad, dirigentes del PLD reiteraron que lo presentado como “nuevo” ya había sido construido y equipado, por lo que insistieron en que se transparenten los gastos y se establezcan responsabilidades.
Desde el PLD también se mostraron documentos y certificaciones de la Procuraduría General de la República, en las que, aseguran, consta que el recinto penitenciario fue entregado conforme a los requerimientos establecidos. Entre las áreas entregadas se incluían pabellones habitacionales, oficinas administrativas, áreas médicas y de seguridad, así como sistemas de agua y energía que, según el partido, estaban en pleno funcionamiento al momento de la entrega.
En contraste, las actuales autoridades han alegado que la obra presentaba serias deficiencias, entre ellas problemas en la distribución de inodoros y camas, fallas en las puertas de las torres de vigilancia y en las garitas perimetrales, lo que obligó a realizar más de mil modificaciones estructurales. Además, indicaron que fue necesario construir nuevos tramos de verja perimetral para reforzar la seguridad del recinto y evitar fugas.
El PLD calificó estas justificaciones como una “narrativa para encubrir” lo que, a su juicio, ha sido un gasto excesivo e innecesario de recursos públicos. Por ello, reiteraron su llamado a la Cámara de Cuentas y a los organismos de control del Estado para que realicen una auditoría integral que determine en qué se ha invertido cada peso y quiénes son los responsables de cualquier irregularidad.
