Santo Domingo. – El Defensor del Pueblo instó este jueves a las autoridades a iniciar de manera inmediata el traslado de los reclusos del Centro de Corrección y Rehabilitación La Victoria, ante la alarmante situación de hacinamiento que afecta no solo a esa prisión, sino prácticamente a todas las cárceles del país.
El organismo señaló que un espacio originalmente diseñado para 800 internos y ampliado a 1,200 alberga actualmente cerca de 8,000 personas, lo que evidencia la magnitud de la congestión carcelaria. “Imagínate lo que ha sido la congestión en las demás cárceles del país”, subrayó la institución.
Pablo ulloa, miembro de la comisión para el seguimiento al plan de reforma penitenciaria, explicó que esta instancia concluyó gran parte de su trabajo y ahora esperan que se inicie el proceso de traslado de los reos. Joa enfatizó que este debe realizarse con “la mayor transparencia y garantía del debido proceso”, para asegurar que la reubicación se haga de manera ordenada y respetando los derechos de los internos.
El Defensor del Pueblo también recordó que el hacinamiento no solo genera riesgos de seguridad, sino que impacta directamente en la salud y bienestar de los internos, aumentando la propagación de enfermedades y dificultando la rehabilitación. Por ello, insistió en que se tomen medidas urgentes para descongestionar La Victoria y otras cárceles del país.
Asimismo, las autoridades penitenciarias están siendo exhortadas a mejorar la infraestructura y los servicios básicos dentro de los centros de reclusión, incluyendo alimentación, agua potable y atención médica, elementos esenciales para garantizar un trato digno a los privados de libertad.
Organizaciones de derechos humanos han respaldado el llamado del Defensor del Pueblo, destacando que la reforma penitenciaria y la reubicación de reclusos son pasos fundamentales para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y seguridad penitenciaria.
Además, se informó que el traslado de los reclusos podría incluir la habilitación de nuevas instalaciones y la redistribución de internos hacia centros con menor hacinamiento, todo bajo supervisión de organismos de control para evitar irregularidades y garantizar que el proceso sea seguro tanto para los internos como para el personal penitenciario.
