Un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles declaró culpables a Meta y YouTube por perjudicar la salud mental de menores, en una decisión considerada histórica dentro de la creciente ola de litigios contra las grandes plataformas digitales.
El veredicto se produjo tras un juicio iniciado a finales de enero, a raíz de la demanda presentada por una joven de 20 años, identificada como K.G.M., quien alegó haber desarrollado una adicción desde su infancia a aplicaciones como Instagram y YouTube, lo que habría impactado negativamente su bienestar emocional.
Como resultado, ambas compañías deberán pagar una indemnización inicial de 3 millones de dólares por daños morales y perjuicios económicos. De acuerdo con la sentencia, Meta asumirá el 70 % del monto, mientras que YouTube cubrirá el restante 30 %. Además, el jurado —integrado por siete mujeres y cinco hombres— continuará deliberando para determinar posibles daños punitivos adicionales.
El fallo representa un precedente significativo, al sentar las bases para la resolución de cerca de 1,500 demandas similares contra empresas de redes sociales en Estados Unidos. En el proceso también fueron señaladas plataformas como TikTok y Snapchat, las cuales optaron por llegar a acuerdos confidenciales para evitar enfrentar este primer juicio.
Esta decisión se suma a otro veredicto reciente emitido por un jurado en Nuevo México, que también encontró culpable a Meta por ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y por prácticas que facilitaban la explotación sexual infantil. En ese caso, la empresa fue condenada a pagar una multa de 375 millones de dólares.
Ambos fallos forman parte de una tendencia creciente de acciones legales que buscan establecer límites claros a la responsabilidad de las redes sociales, en medio de preocupaciones globales sobre su impacto en la salud mental, especialmente en niños y adolescentes.
Expertos consideran que estas decisiones podrían marcar un antes y un después en la regulación de la industria tecnológica, obligando a las plataformas a implementar mayores controles y mecanismos de protección para sus usuarios más vulnerables.
