Por tercera vez y bajo estrictas medidas de seguridad, los once agentes de la Policía Nacional acusados de ultimar a cinco hombres durante un presunto intercambio de disparos ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, fueron trasladados este martes desde la carcelita del Palacio de Justicia hasta una sala más amplia, donde se conocerá la solicitud de medida de coerción.
El Ministerio Público solicitó al tribunal imponer 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y declarar el caso de tramitación compleja, debido a la gravedad de los hechos y al número de agentes involucrados.
Las audiencias anteriores habían sido pospuestas por razones logísticas y de espacio, dada la magnitud del expediente y las medidas de seguridad requeridas para su desarrollo.
Durante la audiencia, los defensores de los agentes señalaron que el presunto enfrentamiento se produjo en el marco de sus funciones y que se investigará si existieron excesos en el uso de la fuerza. Aseguraron que sus representados tienen derecho a un proceso justo y que la defensa se centrará en aportar pruebas que demuestren que actuaron cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidos.
Por su parte, familiares de las víctimas se presentaron en el Palacio de Justicia, solicitando justicia y que se garantice transparencia en el proceso, mientras que miembros de la sociedad civil exigieron que el caso sirva como un precedente sobre la rendición de cuentas de los cuerpos policiales. Las manifestaciones se realizaron de manera pacífica, pero con fuerte presencia de seguridad para evitar incidentes.
El tribunal evaluará en los próximos días si acoge la solicitud del Ministerio Público de prisión preventiva por 18 meses y si declara el caso como de tramitación compleja, lo que permitirá extender los plazos de investigación dada la cantidad de imputados y la gravedad de los hechos. Se espera que la decisión genere un importante precedente en materia de control y supervisión de actuaciones policiales en el país.
