San Francisco de Macorís – Un ciudadano denunció este martes que figura en el sistema de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) con al menos 18 infracciones que asegura jamás ha cometido.
El hombre, visiblemente molesto, afirmó que algunas de las multas fueron colocadas en lugares donde no ha estado en años, como el municipio de Salcedo.
El denunciante, quien se identifica como motoconchista, señaló que la situación se ha vuelto insostenible para cientos de trabajadores del transporte en San Francisco de Macorís. Acusó a las autoridades locales de “persecución” contra los motoristas, y advirtió que podrían organizar un paro en protesta.
“Eso que está haciendo el director Marrero es un atropello. Nos quieren sacar de las calles a la mala”, expresó. La comunidad motorizada exige una auditoría urgente a las actuaciones de la DIGESETT y la anulación de las multas que consideran arbitrarias.
Multas
En la República Dominicana, las multas impuestas por la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) han sido durante años un tema de controversia entre conductores y autoridades. Estas sanciones abarcan infracciones como el uso indebido del celular, violaciones de semáforos, exceso de velocidad, falta de documentos y otras faltas a la Ley de Tránsito.
Aunque su objetivo es promover la seguridad vial, muchos ciudadanos se quejan de que las multas son impuestas de manera arbitraria o sin pruebas claras, afectando especialmente a los conductores de motocicletas y vehículos de transporte público.
Además, existe una creciente preocupación por la falta de mecanismos eficientes para disputar estas sanciones. Conductores han denunciado ser sorprendidos con multas que no reconocen, en ocasiones por violaciones cometidas en provincias que ni siquiera han visitado.
Esta situación ha generado una percepción de desconfianza hacia la DIGESETT, y ha llevado a sectores sociales, como los motoconchistas, a exigir mayor transparencia, depuración del sistema de registros y una revisión profunda de los procedimientos de fiscalización para evitar abusos y errores administrativos.
