En un giro de alto impacto para la política ambiental de Estados Unidos, el presidente Donald Trump revocó las normas sobre emisiones ecológicas aplicadas a vehículos y motores entre 2012 y 2027, al tiempo que anuló el llamado “dictamen de peligro” aprobado en 2009 durante la administración de Barack Obama.
Con esta decisión, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) pierde la base legal que le permitía regular los gases de efecto invernadero procedentes de la industria, el sector de petróleo y gas, las centrales eléctricas y el parque vehicular.
La Casa Blanca calificó la medida como “la mayor desregulación en la historia de Estados Unidos” y sostuvo que permitirá abaratar los automóviles y reducir en hasta 2,400 dólares los costos por vehículo para los fabricantes, con un impacto directo en los precios al consumidor.
Desde el Ejecutivo se argumenta que las normas vigentes encarecían la producción, afectaban la competitividad de la industria automotriz y limitaban la oferta de modelos en el mercado.
Sin embargo, científicos y expertos en salud pública alertaron que el “dictamen de peligro” de 2009 —que estableció que varios gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud humana— era la columna vertebral de los esfuerzos federales para controlar la contaminación, especialmente la proveniente de los vehículos.
Su revocación, advierten, podría traducirse en un aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de debilitar la capacidad del país para mitigar los efectos del cambio climático.
Organizaciones ambientalistas calificaron la decisión como el mayor retroceso climático registrado hasta ahora en EE. UU. y anunciaron que acudirán a los tribunales para impugnar la revocación.
Se anticipan prolongadas batallas legales en cortes federales, mientras estados y ciudades evalúan mantener estándares propios de emisiones para intentar contener el impacto ambiental de la desregulación.
