Con una inusitada seguridad, el exjuez del Consejo del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, asegura públicamente que las acusaciones que pesan sobre él forman parte de una “guerra de poder”, negando rotundamente haber encabezado una red mafiosa dentro del sistema judicial. En rueda de prensa, vestido con un traje que intenta transmitir elegancia, desafía a quienes lo señalan: “Eso de que yo encabecé un engranaje mafioso, eso es totalmente falso. Y quien tenga pruebas, que las aporte”. Sin embargo, las pruebas existen, y una de las más contundentes es un recibo firmado por la jueza Awilda Reyes Beltré, que deja constancia de la devolución de un soborno de 350 mil pesos.
Este documento, fechado el 2 de noviembre del 2015, detalla cómo Reyes, jueza de la Cuarta Sala Penal, devuelve al consejero Arias Valera el dinero que este le había entregado como adelanto para liberar al regidor Erickson de los Santos Solís, alias “Ney”, vinculado a sicariato. El recibo está debidamente firmado por ambas partes, con denominaciones claras del dinero implicado: 175 papeletas de dos mil pesos. Aunque el acto de devolución podría parecer una enmienda, lo que realmente hace es confirmar el hecho del soborno original y demostrar la coordinación entre ambos funcionarios judiciales.
Fuentes cercanas al proceso aseguran que uno de los testigos clave de esta devolución fue nada menos que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán. Esta supuesta presencia institucional eleva el caso a niveles insospechados, sugiriendo que la devolución no fue un acto espontáneo, sino una reacción bajo presión. A pesar de los alegatos de inocencia, los documentos y testimonios apuntan a una estructura de corrupción bien engranada en el corazón del sistema judicial dominicano, donde los mismos jueces que debían impartir justicia se reparten culpabilidades en voz baja, mientras en público se proclaman mártires.
