Santo Domingo.– Manuel Sierra valoró como “una reivindicación del principio de dignidad humana” la reciente decisión del Tribunal Constitucional que, según afirmó, anula uno de los componentes del denominado Laufer o uso político del sistema judicial para perseguir adversarios.
En declaraciones ofrecidas a un medio radial, Sierra sostuvo que la sentencia representa un punto de inflexión, ya que “el artículo 38 de la Constitución, que consagra la dignidad humana, había sido arrastrado al sanitario por parte de quienes debían protegerlo, comenzando por el propio Ministerio Público”.
El jurista denunció que el Ministerio Público ha actuado “de forma atropellante”, violando el principio de presunción de inocencia al hacer imputaciones públicas incluso antes de iniciar formalmente investigaciones. “No se trataba ya de investigar o procesar; el ciudadano era condenado de antemano y exhibido como culpable”, criticó.
Sierra también señaló que esta práctica causó un profundo daño al sistema de justicia dominicano, generando desconfianza en la ciudadanía. “El descrédito del sistema judicial no es gratuito: se debe al comportamiento de una Procuraduría que convirtió la justicia en espectáculo y a los medios que se prestaron para amplificarlo”, afirmó.
De acuerdo con Sierra, existe evidencia de contratos entre la Procuraduría General de la República y figuras vinculadas a medios de comunicación para la difusión masiva de estas imputaciones. “Eso convertía a los medios en cajas de resonancia del poder, y no en vigilantes del ejercicio del poder público”, denunció.
El abogado adelantó que, tras esta sentencia, podrían iniciarse procesos judiciales por daños y perjuicios contra el Estado, el Ministerio Público y los medios que publicaron señalamientos sin verificar su veracidad. “La dignidad humana no se somete a prueba ni se condiciona. Hay que garantizarla, sin importar la acusación que enfrente una persona”, sentenció.
Finalmente, Manuel Sierra hizo un llamado a quienes se vieron afectados por este tipo de persecución mediática y judicial a “iniciar procesos por daño patrimonial y moral contra los responsables”.
