La comunicadora y analista Julieta Tejada cuestionó la reprimenda emitida por el Comité de Comportamiento Ético del Poder Judicial contra el juez Rigoberto Sena, a raíz de las reflexiones personales, citas bíblicas y referencias históricas incluidas en la motivación de las medidas de coerción impuestas a los 10 imputados en el caso de fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

El comité justificó su decisión alegando que dichos comentarios no fueron prudentes y se alejaron de la ética judicial, al considerar que el magistrado debía limitarse exclusivamente a pronunciarse sobre la solicitud del Ministerio Público relativa a medidas privativas de libertad. Además, sostuvo que las alusiones a la Biblia o a escritores históricos podrían interpretarse como un prejuicio que anticipa una valoración sobre la culpabilidad de los imputados antes del juicio de fondo.

Tejada, sin embargo, puso en tela de juicio la coherencia de esta postura y denunció un evidente doble rasero institucional. Recordó que en casos anteriores, magistrados como José Alejandro Vargas —hoy juez del Tribunal Constitucional— y Miriam Germán Brito —actual procuradora general de la República— emitieron motivaciones directas e incisivas en procesos de alto impacto mediático, como el caso Odebrecht, sin que ello generara sanciones éticas.

Según la comunicadora, lejos de ser reprimidos, esos jueces fueron reconocidos, aplaudidos y posteriormente ascendidos, lo que evidencia una falta de consistencia en los criterios del Comité de Ética cuando se trata de casos de naturaleza similar. “Lo que ayer fue valentía judicial, hoy se castiga como exceso”, señaló.

En su análisis, Tejada también vinculó la reprimenda al contexto político y mediático que rodea el caso, recordando declaraciones previas del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, quien exhortó a los jueces a no dejarse presionar por el clamor público. A su juicio, existe un “hilo conductor” marcado por intereses políticos, apellidos influyentes y compromisos del poder económico, especialmente en expedientes con defensas altamente conectadas.

Finalmente, recordó que los 10 imputados actuales representan solo una parte del entramado de fraude en SeNaSa, el cual —según la propia Procuraduría General de la República— es un expediente complejo que involucra médicos, laboratorios y clínicas, bajo al menos 22 modalidades de defraudación, lo que refuerza la sensibilidad y el alcance social del proceso.