Expertos en relaciones internacionales y nacionalistas han calificado la reciente denuncia de Haití ante la Organización de Estados Americanos (OEA) como un acto de chantaje y un intento de victimización del gobierno haitiano. Esta denuncia se centra en acusaciones de un supuesto trato inhumano hacia los ciudadanos haitianos indocumentados en República Dominicana.
Haití sostiene que la República Dominicana lleva a cabo una política de deportación discriminatoria que vulnera los derechos de sus nacionales. Sin embargo, diversos expertos han manifestado que estas demandas deberían ser dirigidas al gobierno haitiano, donde las autoridades deben exigir el respeto por los derechos humanos y la dignidad de su pueblo.
El jurista Yotin Curi hizo un llamado al gobierno dominicano para que no ceda ante la presión internacional en materia de deportaciones, señalando que la presencia de inmigrantes ilegales representa un costo significativo para la ciudadanía dominicana. “Ahora se hace una reforma fiscal, pero no es solo para los dominicanos, sino también para hacer frente a la población haitiana que ocupa gran parte de nuestro presupuesto de salud y educación”, argumentó Curi.
Por su parte, Juan Miguel Castillo Pantaleón, experto en relaciones dominico-haitianas, explicó que el proceso de deportación de haitianos en República Dominicana se realiza de acuerdo con los protocolos establecidos entre ambos países. Aunque el protocolo de repatriación suscrito por las cancillerías no ha sido ratificado como tratado internacional, se ha utilizado en la práctica como un mecanismo bilateral para regular la migración.
El gobierno dominicano ha propuesto deportar alrededor de 10,000 haitianos semanalmente como parte de un conjunto de medidas para regular la migración en el país. Estas acciones han generado un debate sobre la gestión de la migración y las relaciones entre ambas naciones, en medio de las críticas internacionales que continúan sobre la situación de los haitianos en República Dominicana.
