La comunicadora Julieta Tejada analizó las recientes declaraciones del senador Omar Fernández, quien planteó la necesidad de indexar los salarios y eximir del pago de impuestos a los sueldos de hasta RD$52,000, proponiendo fuentes de financiamiento claras para que el Gobierno cumpla con esta disposición del Código Tributario sin afectar los fondos públicos.
Tejada recordó que el presidente Luis Abinader ha reconocido que la indexación es un reclamo “justo y legal”, aunque ha señalado limitaciones presupuestarias para aplicarla. En este contexto, destacó que la propuesta de Fernández no se queda en la denuncia, sino que presenta alternativas viables para obtener los recursos necesarios, entre ellas la reducción del incremento proyectado en la nómina pública, el combate a la evasión del ITBIS, y la revisión de subsidios mal focalizados.
Sobre este último punto, la comunicadora subrayó que Fernández pone el dedo en la llaga al hablar de subsidios “que no generan empleo ni desarrollo”. Citó como ejemplo el programa “Aliméntate”, donde, según datos oficiales, más del 35% de los beneficiarios pertenecen a sectores con ingresos medios, lo que revela una distorsión en la focalización de la ayuda social. Esta situación —explicó Tejada— refleja cómo se están utilizando recursos que podrían destinarse a cumplir derechos laborales como la indexación.
La analista también resaltó las cifras presentadas por el senador, quien denunció que mientras el Gobierno reporta 707 mil hogares en pobreza, el número de beneficiarios de tarjetas sociales supera 1.3 millones, lo que duplica la población objetivo y genera una brecha de eficiencia en el gasto social. “Ahí hay una gran oportunidad de reordenar las ayudas y liberar fondos sin afectar a los más necesitados”, comentó Tejada.
Finalmente, Julieta Tejada consideró que la propuesta de Omar Fernández es socialmente justa y financieramente responsable, ya que ofrece soluciones concretas y llama al Gobierno a priorizar la clase media trabajadora. “Él habla de subsidios mal focalizados, y tiene razón: la justicia social comienza por asignar bien los recursos del Estado”, concluyó.
