La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de El Seibo impuso este miércoles medidas de coerción contra Héctor Mercedes Rodríguez, señalado por presuntamente amenazar al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Aunque el Ministerio Público solicitaba prisión preventiva, la jueza decidió otorgarle la libertad condicional bajo controles estrictos.
Según la decisión, Rodríguez deberá pagar una garantía económica de RD$100,000 y mantenerse bajo tratamiento con un especialista en salud mental durante seis meses, mediante terapias supervisadas y evaluaciones periódicas que certifiquen su avance.
El tribunal tomó en consideración los informes presentados por la defensa, quienes alegaron que el acusado padece trastornos psiquiátricos que afectan su conducta y capacidad de discernimiento. Esta condición influyó en que la magistrada descartara la prisión preventiva y optara por medidas menos gravosas.
El abogado del imputado explicó que su cliente se encuentra bajo cuidado familiar y que buscarán garantizar el cumplimiento estricto de las disposiciones judiciales.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa la investigación penal para determinar el nivel de responsabilidad y las circunstancias en que se produjeron las presuntas amenazas contra el mandatario.
Penalidad
En la República Dominicana, las amenazas contra la vida o la integridad del presidente constituyen un delito grave tipificado en el Código Penal dominicano y en las leyes de seguridad del Estado. De acuerdo con los artículos 304 y 305 del Código Penal, las amenazas hechas de manera verbal, escrita o mediante actos que intenten intimidar a una autoridad pública pueden conllevar penas de prisión que van desde seis meses hasta dos años, aumentándose significativamente cuando se trata del jefe de Estado.
Además, cuando la amenaza implica el uso de armas, planificación o intención manifiesta de cometer un atentado, las sanciones pueden escalar a penas mayores, incluso hasta 20 años de reclusión, según la gravedad del caso y la imputación de delitos conexos (terrorismo, asociación de malhechores o tentativa de homicidio).
Asimismo, la Ley 267-08 sobre Terrorismo contempla sanciones severas para quienes profieran amenazas que busquen generar alarma pública o afectar la seguridad nacional, lo cual incluye acciones contra el presidente o altos funcionarios del Estado. En estos casos, el responsable podría enfrentar cargos bajo delitos de terrorismo, cuya pena oscila entre 10 y 30 años de prisión. Las autoridades suelen activar protocolos especiales de investigación, inteligencia y seguridad cuando se difunde una amenaza contra el presidente, debido a que el sistema jurídico dominicano considera este tipo de hechos como un atentado directo a la estabilidad institucional y al orden democrático.
